Se analiza el impacto de las medidas de austeridad sobre derechos básicos tales como Educación, Salud, Empleo, Pensiones, acceso a la Justicia, libertad de Expresión y Asociación y Vivienda. El informe incluye también un capítulo final con propuestas para preservar y fomentar los derechos fundamentales de las personas en tiempos de crisis.

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